El pasado 31 de enero se cumplieron tres años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, de tan solo 16 años, en el barrio de Lomas del Mirador. Tres años de una incansable búsqueda por parte de sus familiares (especialmente su hermana Vanesa y su mamá Mónica), amigos y diversas organizaciones de DD.HH y de izquierda que tras una infatigable lucha consiguió el cierre del destacamento policial donde se lo vio por última vez. Destacamento que entro en actividad a mediados del 2007 con el pretexto de “combatir la inseguridad en el barrio”; pero como es bien sabido su “seguridad” no es la misma que la nuestra. Esta apertura conto con el incentivo y bendición de CALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador), organización presidida por Gabriel Lombardo quien justifico la desaparición de Luciano argumentando que era un ladrón.
La policía de este destacamento le “ofreció” (un eufemismo para decir que lo increpo e intimo) a Luciano para que robara para ellos, una práctica que es algo más que una simple costumbre. Un negocio redondo, justifican su presencia, generan miedo en la gente, cada tanto atrapan a alguno que otro y hacen de cuenta que hacen algo, se llenan los bolsillos. Pero frente a la negativa por parte de Luciano lo persiguieron y acosaron reiteradas veces, amenazándolo y hasta golpeándolo. Hasta que finalmente lo desaparecieron el 31 de enero del 2009. La última vez que se lo vio, según testigos, fue cuando un grupo de policías lo interceptó y subió violentamente al patrullero.
Frente al escándalo que el caso produjo el entonces Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, no tuvo más remedio que pasar a disponibilidad a ochos policías del destacamento. Sin embargo, con el aval del gobernador provincial Daniel Scioli, volvieron a ser reincorporados a los tres meses y trabajan actualmente en otras comisarias de La Matanza. Por su parte nunca se escucho una palabra a cerca del caso por parte de Cristina Fernández, así como nunca se la escucho mencionar a Julio López.
Lamentablemente el de Luciano no es un caso aislado, es moneda corriente que la policía en los barrios más plebeyos obligue a los pibes a robar para ellos. Y así la violencia policial es cada vez más omnipresente. Según el último informe anual formulado por CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) aproximadamente 2.826 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1996 y 2009, de las cuales 1.323 se produjeron entre 2003 y el 2009 (plena gestión del gobierno de los DD.HH).
La policía de este destacamento le “ofreció” (un eufemismo para decir que lo increpo e intimo) a Luciano para que robara para ellos, una práctica que es algo más que una simple costumbre. Un negocio redondo, justifican su presencia, generan miedo en la gente, cada tanto atrapan a alguno que otro y hacen de cuenta que hacen algo, se llenan los bolsillos. Pero frente a la negativa por parte de Luciano lo persiguieron y acosaron reiteradas veces, amenazándolo y hasta golpeándolo. Hasta que finalmente lo desaparecieron el 31 de enero del 2009. La última vez que se lo vio, según testigos, fue cuando un grupo de policías lo interceptó y subió violentamente al patrullero.
Frente al escándalo que el caso produjo el entonces Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, no tuvo más remedio que pasar a disponibilidad a ochos policías del destacamento. Sin embargo, con el aval del gobernador provincial Daniel Scioli, volvieron a ser reincorporados a los tres meses y trabajan actualmente en otras comisarias de La Matanza. Por su parte nunca se escucho una palabra a cerca del caso por parte de Cristina Fernández, así como nunca se la escucho mencionar a Julio López.
Lamentablemente el de Luciano no es un caso aislado, es moneda corriente que la policía en los barrios más plebeyos obligue a los pibes a robar para ellos. Y así la violencia policial es cada vez más omnipresente. Según el último informe anual formulado por CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) aproximadamente 2.826 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1996 y 2009, de las cuales 1.323 se produjeron entre 2003 y el 2009 (plena gestión del gobierno de los DD.HH).
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